Tras el hallazgo de 52 piezas de aletas de tiburón retenidas por la Unidad de Protección Ambiental de la Policía Nacional, en un operativo conjunto con la Fiscalía, en un domicilio del barrio El Mirador, en Santa Cruz, la Dirección del Parque Nacional Galápagos presentó la respectiva acusación particular en el Juzgado Segundo de lo Penal y la denuncia ante la Fiscalía para reforzar la investigación que se realiza en este caso por delito ambiental.

El tiburón es una especie protegida en la Reserva Marina de Galápagos, garantizada por la Constitución de la República, por lo que su pesca constituye un grave delito ambiental.

Por otro lado, la DPNG como autoridad competente, instauró un proceso administrativo en contra de los implicados, a quienes se les podría aplicar la máxima sanción estipulada en la Ley Orgánica de Régimen Especial para la Conservación y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Galápagos, y la codificación de la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales Protegidas.